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La inversión con impacto: beneficios financieros luchando por el planeta y las personas

Somos más conscientes que nunca de lo que es vivir una crisis muy de cerca. Nos hemos enfrentado a una pandemia global y a una guerra en Europa con un fuerte impacto económico mundial en tan solo dos años. Ambas cosas han exacerbado los problemas del planeta como la desigualdad, las violaciones de derechos humanos y la crisis climática, suman a un mundo que estaba ya traspasando sus límites.

Antes de estas últimas crisis, se estaba empujando una nueva concepción del modelo económico, donde el retorno financiero no se persigue a cualquier precio y menos a costa de efectos dañinos para el planeta y las personas. En este nuevo entender de la economía, los inversores, que son uno de los principales actores en la sociedad, han empezado a buscar corporaciones que cumplan con los criterios ESG, que tienen el objetivo de que la inversión y las empresas actúen con un compromiso medioambiental, social y de buen gobierno, que debe ser complementario al financiero. Los fondos de inversión de ESG alcanzaron en España el 19% en 2021 del volumen total de fondos.
Pero la nueva visión económica aún ha ido más allá y un número creciente de inversores busca que su inversión tenga un impacto social y medioambiental positivo, que los resultados sean medibles y que esto se traslade a la cadena de valor de las corporaciones. La economía de impacto es una economía de mercado cuya singularidad reside en que espera que sus participantes puedan, de manera simultánea, satisfacer sus deseos y tener un impacto positivo sobre la sociedad y el planeta. Siendo así, todas las empresas se convertirían en empresas sociales y todos los inversores en inversores sociales.

Esta inversión de impacto es un sector que crece con una tasa anual del 26 % con respecto a 2019 y que, en el caso de los fondos de capital privado, llega al 34 % en nuestro país. Para 2021, el sector espera también un crecimiento significativo y muchos inversores confían que siga siendo de dos dígitos; además, una tercera parte de los fondos de capital privado espera aumentar el capital gestionado en más del 50 %, un mercado definitivamente en auge.
Este cambio de paradigma va acompañado de la necesidad de desarrollo de regulación que impulse este tipo de inversión y a un sector privado amplio, que incluya a grandes empresas, pymes, etc, que garantice el retorno social y medioambiental. Es difícil decir qué va antes, si el huevo o la gallina. Si antes deben cambiar los inversores y empresas o si deben ser los reguladores los que arrastren al sector privado, fomentando el cambio de comportamiento. La verdad, es que deben ir de la mano.

De hecho, el empuje regulatorio está pasando, es imparable, aunque aún queda mucho camino. La UE es líder en ese tipo de regulación. Ejemplos claros de ello es la recién aprobada Taxonomía Verde y la Taxonomía Social que está por venir. Ambas establecen criterios de actuación para toda la cadena de valor, desde el inversor hasta el trabajador. También se han aprobado recientemente, el Reglamento Europeo de Divulgación de Finanzas Sostenibles y el Reporting No Financiero.

Otras regulaciones europeas como el Green Deal o la futura directiva de Debida Diligencia de las Empresas en Derechos Humanos también impulsan tanto a los fondos de inversión como al sector privado en su conjunto hacia una contribución constructiva hacia el planeta y las personas y que no busque sólo el retorno económico.
Países como Francia, Alemania y Portugal cuentan con marcos de regulación de la inversión con impacto, pero a España le queda mucho por hacer, sin embargo, no se puede quedar atrás. Desde la sociedad y el sector privado comprometido se debe empujar al Estado español a que acelere la regulación de este tipo de inversión y comportamiento del sector privado.

Los retos son grandes, pero superables. España debería trasponer la regulación europea inmediatamente, generar incentivos tanto a nivel estatal como local que apoyen este tipo de inversión y que tengan mirada también en la PYMES, promover el bono o contrato social o regular para que el tercer sector pueda ser beneficiario de estos fondos de inversión. Ayuntamientos como el de Barcelona o Madrid ya han puesto en marcha iniciativas en este sentido, pero es necesaria una regulación más amplia que genere un cambio en el modelo económico.
Además, la Administración debería establecer guías de medición que evalúen el impacto real de las inversiones y permitan corregir. Quien pueda demostrar su impacto tendrá más facilidad de atraer los fondos.
La guerra de Ucrania no puede ser una marcha atrás en esta nueva concepción de la economía, donde el sector privado y la inversión tenga resultados positivos para el planeta y la personas y tiene que haber un fuerte empuje desde las instituciones públicas, mano a mano con los actores privados.

Lara Contreras Gerente de Asuntos Públicos

Lara Contreras Gerente de Asuntos Públicos