En junio de 2018 un grupo de líderes de la comunidad inversora, empresarial y del tercer sector decidimos que era tiempo de actuar, tiempo de situar a España donde se merecía en la comunidad mundial de la inversión de impacto. Un año después conseguimos la adhesión de España al GSG (Global Steering Group for Impact Investment), plataforma que agrupa 34 países, que nace en el marco del G8 y que se encuentra presidida por el considerado padre de la inversión de impacto, Sir Ronald Cohen.
Desde entonces la Inversión de Impacto no ha dejado de crecer en nuestro país. Según el estudio que realizamos anualmente en colaboración con Esade, el capital riesgo de impacto asciende en España a 536 millones de euros, del total de 2.378 millones de capital que gestionó el sector en 2020. Aunque estos fondos de impacto han sido pioneros y han tomado el liderazgo en los últimos años para impulsar y fortalecer el sector, hay otro tipo de entidades, como la banca ética y social, con una larga trayectoria en el mercado, que gestionan 1.521 millones de euros de capital en inversión de impacto.
Esta diversidad de actores, que incluye 242 millones de euros de capital gestionados por fundaciones, conlleva un alto grado de complejidad en cuanto a su desarrollo normativo. Así, resulta llamativo que países europeos como Francia, Alemania o Portugal hayan promovido marcos regulatorios ambiciosos para la inversión de impacto, mientras que España, con todo su potencial, todavía no se ha movilizado con firmeza en este sentido. Se trata pues, de un sector con diferencias significativas a nivel europeo, determinadas principalmente por el desarrollo regulatorio y las diferentes configuraciones nacionales asociadas a la economía social.
En la industria de las finanzas sostenibles y de impacto, el diferente grado de desarrollo en los territorios europeos ha llevado a la Unión Europea a impulsar el Reglamento europeo de Divulgación de finanzas sostenibles (SFDR por sus siglas en inglés) que entró en vigor en marzo de 2021 con el objetivo de facilitar la comparabilidad entre fondos de inversión y establecer una graduación (los artículos 9, 8 y 6) en función del impacto generado por las inversiones. En España existe no obstante una creciente demanda por parte de los fondos más especializados en impacto para establecer un artículo 10 o, en su defecto, un articulo 9 más exigente que evite las prácticas de “green e impact washing” que se empiezan a observar en el mercado. Para ello desde SpainNAB trataremos de elevar nuestras demandas al Grupo de Trabajo creado por el Ministerio de Economía y bajo el liderazgo del Tesoro para la elaboración del Plan Nacional de Finanzas Sostenibles.
En el ámbito de la Económica Social destaca el caso de Francia que en el marco de su presidencia europea y apoyándose en la SFDR y el nuevo Plan de Acción europeo de la Economía Social, ha emprendido una ambiciosa estrategia para impulsar y dar a conocer una de sus regulaciones insignia en materia de inversión de impacto, los conocidos como fondos solidarios 90/10. Esta regulación, nacida de la Ley de Modernización de la Economía de 2008, legisla este esquema específico de fondos de pensiones de empleo privados, donde un 10% del patrimonio se invierte en empresas o fondos de impacto social no cotizados mientras que el 90% restante se canaliza a través de fondos líquidos clasificados como artículo 9 bajo la SFDR. Se trata de una excelente regulación para casar la inversión de impacto real con la inversión sostenible más avanzada. Una iniciativa que SpainNAB dará a conocer en España tomando como punto de partida el Fondo de Pensiones de Empleo de Prestación Pública en el que está trabajando el Gobierno para posteriormente trasladarla a los fondos de pensiones de empleo privados mediante una regulación similar a los fondos solidarios 90/10 franceses.
Destacar por último la proposición de ley para la reforma de la Ley de Mecenazgo (Ley 49/2002) que, entre otros elementos, propone a petición de SpainNAB que la inversión de impacto sea aceptada como un instrumento reconocido para alcanzar la misión de las fundaciones españolas a través de sus inversiones. Asimismo, la proposición de ley recoge la figura del “endowment” que permitiría a las fundaciones patrimoniales invertir sus activos financieros en fondos de impacto o regidos por criterios ESG, lo que en el mundo anglosajón se conoce como Mission-related Investments.
Los datos muestran el rápido crecimiento y grandes expectativas del sector en España, con un crecimiento esperado del 26% 2021. En junio de 2022, SpainNAB publicará la nueva cifra de la oferta de capital de impacto.
Mientras tanto seguiremos atentos al desarrollo normativo que tanta falta hace al sector. Ahora más que nunca necesitamos un Sector Público visionario y emprendedor que posicione a España a la vanguardia de las finanzas sostenles y de impacto. Es tiempo de actuar.En junio de 2018 un grupo de líderes de la comunidad inversora, empresarial y del tercer sector decidimos que era tiempo de actuar, tiempo de situar a España donde se merecía en la comunidad mundial de la inversión de impacto. Un año después conseguimos la adhesión de España al GSG (Global Steering Group for Impact Investment), plataforma que agrupa 34 países, que nace en el marco del G8 y que se encuentra presidida por el considerado padre de la inversión de impacto, Sir Ronald Cohen.
Desde entonces la Inversión de Impacto no ha dejado de crecer en nuestro país. Según el estudio que realizamos anualmente en colaboración con Esade, el capital riesgo de impacto asciende en España a 536 millones de euros, del total de 2.378 millones de capital que gestionó el sector en 2020. Aunque estos fondos de impacto han sido pioneros y han tomado el liderazgo en los últimos años para impulsar y fortalecer el sector, hay otro tipo de entidades, como la banca ética y social, con una larga trayectoria en el mercado, que gestionan 1.521 millones de euros de capital en inversión de impacto.
Esta diversidad de actores, que incluye 242 millones de euros de capital gestionados por fundaciones, conlleva un alto grado de complejidad en cuanto a su desarrollo normativo. Así, resulta llamativo que países europeos como Francia, Alemania o Portugal hayan promovido marcos regulatorios ambiciosos para la inversión de impacto, mientras que España, con todo su potencial, todavía no se ha movilizado con firmeza en este sentido. Se trata pues, de un sector con diferencias significativas a nivel europeo, determinadas principalmente por el desarrollo regulatorio y las diferentes configuraciones nacionales asociadas a la economía social.
En la industria de las finanzas sostenibles y de impacto, el diferente grado de desarrollo en los territorios europeos ha llevado a la Unión Europea a impulsar el Reglamento europeo de Divulgación de finanzas sostenibles (SFDR por sus siglas en inglés) que entró en vigor en marzo de 2021 con el objetivo de facilitar la comparabilidad entre fondos de inversión y establecer una graduación (los artículos 9, 8 y 6) en función del impacto generado por las inversiones. En España existe no obstante una creciente demanda por parte de los fondos más especializados en impacto para establecer un artículo 10 o, en su defecto, un articulo 9 más exigente que evite las prácticas de “green e impact washing” que se empiezan a observar en el mercado. Para ello desde SpainNAB trataremos de elevar nuestras demandas al Grupo de Trabajo creado por el Ministerio de Economía y bajo el liderazgo del Tesoro para la elaboración del Plan Nacional de Finanzas Sostenibles.
En el ámbito de la Económica Social destaca el caso de Francia que en el marco de su presidencia europea y apoyándose en la SFDR y el nuevo Plan de Acción europeo de la Economía Social, ha emprendido una ambiciosa estrategia para impulsar y dar a conocer una de sus regulaciones insignia en materia de inversión de impacto, los conocidos como fondos solidarios 90/10. Esta regulación, nacida de la Ley de Modernización de la Economía de 2008, legisla este esquema específico de fondos de pensiones de empleo privados, donde un 10% del patrimonio se invierte en empresas o fondos de impacto social no cotizados mientras que el 90% restante se canaliza a través de fondos líquidos clasificados como artículo 9 bajo la SFDR. Se trata de una excelente regulación para casar la inversión de impacto real con la inversión sostenible más avanzada. Una iniciativa que SpainNAB dará a conocer en España tomando como punto de partida el Fondo de Pensiones de Empleo de Prestación Pública en el que está trabajando el Gobierno para posteriormente trasladarla a los fondos de pensiones de empleo privados mediante una regulación similar a los fondos solidarios 90/10 franceses.
Destacar por último la proposición de ley para la reforma de la Ley de Mecenazgo (Ley 49/2002) que, entre otros elementos, propone a petición de SpainNAB que la inversión de impacto sea aceptada como un instrumento reconocido para alcanzar la misión de las fundaciones españolas a través de sus inversiones. Asimismo, la proposición de ley recoge la figura del “endowment” que permitiría a las fundaciones patrimoniales invertir sus activos financieros en fondos de impacto o regidos por criterios ESG, lo que en el mundo anglosajón se conoce como Mission-related Investments.
Los datos muestran el rápido crecimiento y grandes expectativas del sector en España, con un crecimiento esperado del 26% 2021. En junio de 2022, SpainNAB publicará la nueva cifra de la oferta de capital de impacto.
Mientras tanto seguiremos atentos al desarrollo normativo que tanta falta hace al sector. Ahora más que nunca necesitamos un Sector Público visionario y emprendedor que posicione a España a la vanguardia de las finanzas sostenles y de impacto. Es tiempo de actuar.
Jose Luis Ruiz de Munain Director General de SpainNAB
